Colombia se sacudió hace apenas poco más de un día por la enésima polémica que nos ha ofrecido el gobierno de Gustavo Petro: el pedir la renuncia de todos sus ministros. La noticia no tomó por sorpresa a casi nadie que haya leído un poco sobre la carrera política del actual presidente, como lo evidencia Alejandro Gaviria, un exmiembro del gobierno que vaticinó un futurible cambio sustancial en la titularidad de las carteras de gobierno vista la experiencia anterior con Petro en la alcaldía de Bogotá. Empero, para haber previsto tal cosa no era necesario remitirse a un episodio de hace tanto tiempo; baste considerar la conmoción que desató en marzo de este año la salida de tres ministros entre los que se cuenta al propio Gaviria.
A primera vista, la expulsión de todos los ministros es, en todo caso, la continuación de las dificultades ya señaladas y a la que nos referimos como «crisis de autoridad» en una nota pasada. Empero, después de la noticia inicial se anunció que no se aceptaron todas las renuncias de los ministros a pesar de que estas fueron en primer lugar solicitadas por el mandatario. En concreto llama la atención la salida del ministro Ocampo, un personaje importante por cuanto era la ficha de Petro para evitar ser señalado de enemigo del empresariado y que, como se notó durante las polémicas suscitadas por las declaraciones contradictorias de otros ministros, era quien junto al presidente del Senado Roy Barreras, ponía orden dentro del gobierno. Asimismo, fue particularmente decepcionante para el público la permanencia de la ministra de minas y energía, Irene Vélez, la filósofa de la Universidad Nacional que ha minado la credibilidad del gobierno en gran cantidad de ocasiones con sus dichos que dejan ver que no domina las materias sobre las que se ocupa el ministerio a su cargo.
En cuanto a los nuevos ministros cabe destacar dos nombramientos: a saber, Guillermo Jaramillo en el ministerio de salud y Jhenifer Mojica como ministra de agricultura. El primero es relevante por haber sido sancionado por la Procuraduría por haber realizado un contrato por 1.600 millones de pesos sin cumplir los requisitos legales en el año 2016, en el cual ocupaba la alcaldía de Ibagué; en el caso de la segunda, en su momento fue inhabilitada por la Procuraduría para ejercer cargos públicos. Dichos nombramientos reducen aún más si cabe la confianza en un gobierno liderado por alguien que por años habló sobre corrupción.
Este hecho debe leerse no solo como la manifestación de la incapacidad de Petro para ejercer un liderazgo fuerte entre sus ministros y su intolerancia a la crítica, sino también como una reacción frente a la ruptura de una frágil y extraña coalición entre elementos heterogéneos que no sobrevivió a los debates en torno a las disparatadas reformas del gobierno, especialmente la reforma a la salud. La impotencia es tal que Petro afirmó que «se necesita un movimiento campesino que se levante» para sacar adelante las reformas que no han prosperado por vías institucionales. Amenaza que no resultará preocupante para quien recuerde los patéticos resultados de su último llamado a la movilización de la población.
Estamos ante un gobierno mediocre, un gobierno que ha dado más polémicas y discusiones en redes sociales —especialmente gracias a la cuenta de Twitter de Petro— que resultados concretos. Petro no ha sido capaz ni de mantener el apoyo de los demás partidos ni la complicidad de sus ministros: al final su gobierno no fue la catástrofe profetizada por muchos ni el cambio radical esperado por sus seguidores.
Agencia FARO, Colombia. E. Jiménez
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