Ya vimos en un comentario anterior cómo la nueva ley educativa en España ha olvidado en un trastero los conocimientos, teóricos o prácticos, que ya no son lo principal a impartir ni evaluar. Por el contrario, ha encumbrado lo que llaman competencias.
Esos desempeños oscuros llamados competencias, además de ser difíciles de definir son laberínticos de evaluar. Con el paso del paradigma educativo a las competencias, también se postergan las materias: las matemáticas, el lenguaje, la física, la filosofía… Y, naturalmente, se relega a los profesionales responsables.
Para la evaluación de los alumnos sobre las competencias específicas de su asignatura, cada profesor elaborará la calificación de su materia. A tal fin, debe asignar un porcentaje de evaluación a los innumerables indicadores de logro y las herramientas evaluadoras. La ponderación de la nota de un solo alumno es tan aparatosa que algunas autonomías están valorando desarrollar una herramienta digital de cálculo para facilitar esta labor.
Ahora bien, que el alumno pueda ir escalando cursos, promocionar y obtener, por ejemplo, la titulación de la secundaria obligatoria (ESO), no dependerá de qué calificación obtenga en las materias. No. Al margen de esa calificación por asignatura, será necesario realizar otra calificación, cuya escala dependerá o del centro educativo o de la autonomía.
Esta segunda evaluación por competencias, al margen de las notas de las asignaturas, serán las que marquen el avance del alumno. Dirán cómo va, si sacará el título, si aprueba una competencia aunque haya suspendido la asignatura que la evalúa principalmente… Es decir, puede darse el caso de un alumno que sea un zote en Lengua castellana y literatura española y que, sin embargo, tenga aprobada la competencia clave lingüística (CCL), si en el resto de materias le han ponderado positivamente.
En potencia, también puede darse el caso de que un alumno con todas las materias aprobadas exitosamente tenga alguna competencia suspensa. Si este contratiempo le sucede en el último curso de la etapa, no titulará.
La nueva ley dibuja un panorama hirsuto e incierto. Los profesores adaptan la ley con temor, e improvisan no pocas veces. Advierten en el horizonte que pronto empezarán a llegar reclamaciones de padres. Que, por cierto, es lo mejor que puede pasar.
Y es que el resultado de esta educación será objetivamente peor, es un perjuicio para los alumnos. Este planteamiento formativo se empeña en mezclarlo todo, en no distinguir las cosas que es preciso separar para manejarse con ellas, para enseñarlas, para aprenderlas. Lo batirá todo en una papilla indigerible. Contra los pedagogos, la claridad es una obligación de la enseñanza.
No conforme con eso, los legisladores mezclarán y confundirán también la evaluación de los estudiantes. Y, como consecuencia, las responsabilidades departamentales y la autoridad de los profesores, que será fácil que acaben disputando por el porcentaje competencial que les toca evaluar.
Roberto Moreno, Círculo Cultural Antonio Molle Lazo
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