Intempestivas contra la Ley Trash (VI): La lechuga de burocracia

mis profecías concernientes a la conjunción entre Ley Trash y Código Penal son de tintes más bien sombríos

Un día Mafalda, en medio del salón de su casa, grita: «¡Burocracia!» y, tres viñetas después, tras haber leído, escrito y hecho un montón de cosas distintas, aparece una tortuga y Mafalda le da una hoja de lechuga. Mis invectivas de estas semanas no son contra la Administración en general; de hecho, son casi un alegato a favor de la Administración porque, como habrán podido comprobar, todo este asunto me tiene profundamente trastornado.

Lo digo porque no pretendo aquí atacar la lentitud proverbial y transatlántica de la Administración, aquí, con una gran A mayúscula, no para indicar ésta o aquélla Administración pública en particular sino, si ello fuera posible, la Idea platónica de Administración que, a mi entender, es de suyo lenta e ineficaz. Ni tampoco tratar de dilucidar sus causas, orígenes y fines. Me limito a asumirla como un hecho evidente, indemostrable e indemostrado y que constituye otro flamante argumento más, otro flamante argumento ni facha, ni católico, ni ideológico en sentido alguno contra la Ley Trash.

La Administración es lenta. Y los plazos de la Ley son cortos. Ella es muy lenta, incluso. Y ellos son muy cortos. Y, como ya demostramos con argumentos incuestionables en nuestra última Intempestiva, la Administración no puede escudarse en su lentitud para quitarse de encima el trabajo adicional: una solicitud no contestada deberá ser «aceptada» en cualquiera de los casos, porque no es una petición, sino una constatación.

¿Empiezan a vislumbrar el problema? Aun suponiendo que el trámite consistente en deponer la solicitud de cambio de género sea tan rápido como obtener un volante de empadronamiento y que el CTC salga de su Ayuntamiento diez minutos después de entrar con un papelico en el que pone que de entonces en adelante su género jurídico será otro, el proceso burocrático real no ha hecho más que empezar. ¿Cuánto creen que tardarán en enviarle al ciudadano transgénico su nuevo carné de identidad? ¿Cuántas semanas tardará el Registro Civil en informar a la Junta Electoral Central, a los de la electricidad y a los del agua de que hay que empezar a enviarle las cartas y las facturas al ciudadano en cuestión con otros pronombres? ¿Cuántos meses pasarán antes de que toda la Administración ―es decir, la local, la autonómica, la central, las otras dieciséis autonómicas, la europea, la galáctica…― se haya enterado del cambio de género? ¿Cuántos? ¿Menos de tres, que es el plazo en el que el ciudadano en cuestión debe ratificarse en su demanda? Porque si no se ratifica, volverá a su género original y habrá que volver a iniciar todo el proceso de información-desinformación. ¿Cuántos, en serio? ¿Menos de seis, que es el plazo a partir del cual el ciudadano puede de nuevo cambiar de género y obligar a la Administración a comenzar el proceso arriba descrito desde el principio?

Otro asunto que nos tiene encandilados desde hace algunas semanas y que viene a añadir sabrosas dificultades es la famosa huelga de etarras de la Administración de Justicia, a decir del flamante Secretario de Estado. Mientras la legislación siga en su presente estado (y visto el estado del Estado, uno puede esperarse cualquier cosa), las competencias en materia de Registro corresponden a los Letrados. Lo cual significa que la Ley Trash va a ver la luz no sólo en el seno de una burocracia, de suyo y naturalmente lenta y paquidérmica, sino aquejada, además, en el momento presente, de una huelga con pocos visos de resolución amistosa.

Si mis profecías concernientes a la conjunción (no astral, pero sí desastrosa) entre Ley Trash y Código Penal son de tintes más bien sombríos, las que estoy en situación de hacer sobre este particular resultan bastante hilarantes. Si sumamos la veleidad e inconstancia del ser humano normal, con el añadido de veleidad e inconstancia naturalmente presente en una persona lo suficientemente apartada de la realidad para considerar que su cuerpo y su cerebro le envían informaciones contradictorias que sólo el Estado está en condiciones de armonizar; si sumamos, además, la vertiginosa rapidez con que deben llevarse a cabo los trámites para el cambio jurídico de género, la lentitud connatural a la Administración, la huelga, las posibles negligencias y errores, nos encontramos con que es preocupantemente probable que una y la misma persona pueda encontrarse, en el mismo momento y para la misma Administración en posesión de ambos géneros.

Imaginen que un CTC llamado Belindo dirige una solicitud de cambio de género al Excelentisísimo Ayuntamiento de Valdeajos del Lagar el 8 de marzo del corriente (día de la Persona que menstrúa, por utilizar terminología verdaderamente progresista); el 8 de junio, si todo va bien, el referido consistorio debería citar a nuestro CTC para que confirme o retire su solicitud. Supongamos que hasta ahí todo ha funcionado como lo exige la ley. Pero supongamos que el 8 de septiembre, cuando a Belinda le llega una multa del citado municipio con el indicativo Doña, sufre una epifanía filosófica y decide solicitar, de nuevo, el retorno a su condición primitiva. Como han pasado seis meses desde la declaración original, puede hacerlo.

En el mientras tanto, como es un CTC muy responsable y está seguro/a/e/etc. de no haber cometido la infracción de que se le acusa, recurre la multa. El 8 de Diciembre, día de una fiesta que ya no tiene el menor de los sentidos en el mundo de Belindo, recibe en el mismo buzón y a su mismo nombre, la citación del Ayuntamiento para que «Don» Belindo se ratifique en su re-cambio de género y la confirmación de la multa a «Doña» Belinda.

¿Significa eso que durante tres meses ha sido hombre y mujer al mismo tiempo para la Administración? ¡Y eso que en el ejemplo sólo hemos involucrado a una!

Y lo más interesante del caso es que, durante los nueve meses que ha durado la broma, nuestro protagonista no ha dejado de ser exactamente la misma persona en todo momento. ¿O sí? ¿Deberá denunciar por delito de odio a su consistorio por referirse a él/ella/eso con los pronombres inadecuados? ¿Pagará la Administración? ¿Pagará Belindo la multa de Belinda…?

Continuará

G. García-Vao

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